ADN DEL CRIMEN: DOBLE HOMICIDIO

LA NACIÓN

ADN del crimen.

Otra víctima de violencia de género quedó desamparada en la burocracia

estatal

La familia de Luna Giardina apunta contra las autoridades cordobesas por dejar a la joven ya su madre indefensas frente al acecho de Pablo.

Laurta

Luna Giardina deambuló, indefensa, por distintos estrados de la Justicia y del Poder Ejecutivo provincial para pedir que la protegieran de Pablo Laurta. Nadie la ayudó. El 11 de octubre pasado a las 9.30, la joven madre, de 26 años, fue asesinada por el padre de su hijo, al que había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género. El asesino también mató a Mariel Zamudio, la abuela del niño.

Ante la falta de respuestas del Estado, Luna había decidido pedir ayuda a los vecinos.

"Consulto más que nada porque estoy otra vez con problemas con el progenitor de mi hijo, no se le puede decir padre, así que tengo que estar atenta. Ya consulté igualmente al lado para ver si es de ellos, todavía no me respondieron, por las dudas yo pregunto, gracias. Cualquier cosa que se vea, por favor avísenme o a la policía. Gracias y perdón", expresó Luna, en un mensaje de audio que mandó al grupo de vecinos de Villa Obrera, en Córdoba, horas antes que Laurta la atacara.

Los vecinos indicaron que la noche anterior a los femicidios de Luna y de su madre, de 54 años, un móvil policial con dos uniformados llegó a la casa de las víctimas debido a que se habría quedado sin batería el botón antipánico que le habían entregado a la joven. Pero, los policías abandonaron la vivienda. No sabían que, entre las sombras, Laurta, armado con una pistola calibre .40 y con una mira telescópica acechaba la casa de su expareja. La misma vivienda que reclamaba y exigía que Luna vendiera.

Una casa que conocía porque casi dos años antes se había instalado en techo para acosar a Luna y a Mariel. En ese momento, tal como ocurrió el 10 de octubre pasado, la policía no hizo nada.

"El advenimiento de esta tragedia, premeditada largamente por su autor, con este desenlace mortal, que detonó esta matanza atroz, debe ser investigado a fondo, por cuanto, las denuncias previas a este suceso efectuadas por Luna, ante la autoridad policial y judicial, en las que relató las acciones delictivas del agresor, anticipaban,

En octubre de 2023, el único costo que Laurta pagó por transformar en un un infierno las vidas de Luna, Mariel y de su hijo fue que un Juzgado de Violencia Familiar de Córdoba impusiera una restricción perimetral.

Si bien Laurta regresó a Uruguay, el daño ya estaba hecho. Nada sería igual en las vidas de Luna, Mariel y de su pequeño hijo. La tranquilidad ganada después que escapó de Uruguay, donde Laurta la tuvo cautiva junto con el niño, se había pulverizado. Esas cinco noches de octubre de 2023 en las que Laurta estuvo en el techo de su casa en las que amenazaba con matarla, confirmaron que era vulnerable y que nadie la protegía.

Con una medida tan laxa, Laurta regresó de Uruguay más violento. El 8 de enero pasado fue apresado por violar la medida de restricción perimetral. Pero, el 8 de febrero fue liberado.

Entonces, Laurta regresó a Uruguay. En este caso el Juzgado Violencia de Género ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que alertara si Laurta regresaba al país, debido a que tenían que colocarle una tobillera para monitorear sus movimientos. Dicho dispositivo permitiría contar con una alerta sobre la presencia del violento en las cercanías de la casa de Luna.

Dicha orden judicial se perdió en medio del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género que no funciona. Siete meses después, Laurta regresó más preparado. Cruzó con una canoa por la angostura de 800 metros del río Uruguay desde el paraje Corralito, cerca de Salto, hasta Puerto Yeruá, en Entre Ríos. Así, eludió el control de Migraciones.

El 4 de octubre abordó un colectivo interurbano hasta Concordia. Se alojó en un hotel de esa ciudad con una identidad falsa. Tres días más tarde se encontró con el remisero Martín Sebastián Palacio, lo engañó con la oferta de realizar un viaje hasta Rafaela, en

Santa Fe.

Entre dos y cuatro horas después de abandonar

Concordia, Laurta asesinó al chofer para quedarse con su Toyota Corolla blanco, descuartizó el cuerpo para evitar que lo identificaran y pudieran relacionarlo con él.

Armado, después de asesinar al remisero, cruzó

Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Nadie lo detuvo.

A casi tres semanas de la masacre se conoció un detalle macabro sobre la faena asesina de Laurta. Después de asesinar al chofer Palacio, el homicida le cortó la cabeza y los brazos para evitar que identificaran el cadáver. Primero, abandonó el cuerpo en las cercanías de Estación Yeruá a 31 kilómetros de Concordia, el último lugar en el que el chofer fue visto con vida, cuando Laurta abordó su automóvil.

Después, según fuentes judiciales, Laurta recorrió 220 kilómetros hasta la zona rural de Rosario del Tala, con la cabeza y los brazos de la víctima en el vehículo. El miércoles último, un vecino de la zona, encontró 17 piezas óseas, entre las que figuraban partes de un cráneo y cabellos que pertenecerían al remisero Palacio.

Cuando llegó a Córdoba, Laurta incendió el Toyota Corolla. Llevaba encima su pistola calibre.40 y la billetera del chofer Palacio. Así, pasó a otra etapa del plan que había pergeñado.

Al desprenderse del vehículo one había robado

Con la mira telescópica pudo vigilar los movimientos de Luna y Mariel en la casa del barrio Villa Serrana. No hizo falta acercarse. En esta oportunidad se movió con sigilo. Sin llamar la atención de los vecinos. Aunque la llegada del móvil policial la noche anterior al ataque, retrasó la irrupción en la casa. Pero el tiempo corría en su contra, porque sabía que no tardarían en relacionarlo con la desaparición del remisero Palacio.

Después de asesinar del tres balazos a

Luna y Mariel, Laurta secuestró a su hijo.

Jugó con el niño en la puerta de la casa mientras esperaba el taxi que lo llevara a la terminal de ómnibus con el fin de llegar a Gualeguychú primero y desde allí a Puerto Yeruá, para cruzar en canoa hasta Salto, en Uruguay. Pero, al olvidarse el DNI del pequeño en la escena de los femicidios, tuvo que cambiar de planes. Debido a que no lo dejaron abordar un colectivo y contrató un taxi para que lo trasladara hasta Gualeguaychú.

Un antecedente

Antes de los femicidios de Luna y Mariel, hubo otra masacre en Córdoba que puso al descubierto la inacción del Estado provincial ante los pedidos de auxilio de una mujer que era víctima de violencia de género.

Entre 2001 y 2006, Verónica del Valle Ramírez radicó 19 denuncias por amenazas, lesiones y agresiones que sufrió por parte de su pareja, el sargento de la policía de Córdoba, Rosario

Cándido González. Nadie la ayudó.

El 14 de febrero de 2006, a las 13.30, González llevó a sus hijos a su departamento, supuestamente para pasar el día junto a ellos.

Luego de asegurarse que todos niños estaban indefensos los mató unos por uno. Luego se quitó la vida. El hecho se conoció como la masacre del barrio Cerveceros.

"Corresponde señalar que las muertes de los hijos de la actora_por Ramírez_ sí le es imputable a las omisiones del Estado provincial, habiendo tenido dichos incumplimientos incidencia causal en el resultado, no revistiendo el accionar del asesino las características de un acontecimiento imprevisible e inevitable", , se

indicó en la sentencia dictada en diciembre de 2018, por el juez en lo Civil Guillermo Laferriere, que hizo lugar a la demanda presentada por Ramírez contra el Gobierno de Córdoba.

La abogada Marina Romano representó a

Ramírez, logró reconstruir el derrotero de las 19 denuncias presentadas por la madre de los niños asesinados.

"El matador pudo lograr esta ejecución masiva por la gravísima y extrema negligencia de funcionarios públicos dependientes del gobierno de la provincia, puestos en sus cargos para investigar, controlar y reprimir adecuadamente.

El agresor llevó a cabo este siniestro plan por gozar de impunidad absoluta, ya que el aparato judicial puesto para impulsar sus denuncias omitió negligentemente cumplimentar lo dispuesto en el artículo 324, Código Procesal Penal. El éxito de la acción criminal se debió a la falta de contralor cometida por funcionarios públicos que en la ocasión, no repararon en la gravedad del contenido".

, se consignó en la

sentencia.

La responsabilidad del Gobierno de Córdoba en los homicidios de los cuatro niños quedó en evidencia quince días después cuando se sancionó la norma 9283, también conocida como Ley de Violencia Familiar, que estableció, entre otras disposiciones, un capítulo especial dedicado a las denuncias.

La responsabilidad del Gobierno de Córdoba en los homicidios de los cuatro niños quedó en evidencia quince días después cuando se sancionó la norma 9283, también conocida como Ley de Violencia Familiar, que desarrolló, entre otras disposiciones, un capítulo especial dedicado a las denuncias, señalando su artículo 18 que "el funcionario público, cualquiera sea su rango, que incumpla parcial o totalmente su obligación, será sancionado de manera severa" Casi veinte años después, si bien las víctimas de violencia de género son escuchadas, siguen desprotegidas.

Por Gustavo Carabajal LN